En numerosos contratos de hipoteca y en otros productos bancarios es posible encontrar cláusulas que las personas firmantes no siempre comprenden bien: cláusulas suelo, intereses moratorios elevados, vencimiento anticipado, gastos de constitución, entre otras. En determinados casos, estas condiciones pueden calificarse como abusivas, lo que abre la puerta a pedir su eliminación o la devolución de cantidades pagadas de más. Entender bien el problema es el primer paso antes de iniciar cualquier reclamación.
Una cláusula abusiva es aquella que genera un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de la entidad financiera y los del consumidor, en contra de las exigencias de la buena fe. En la práctica, suele tratarse de condiciones redactadas por la entidad bancaria, que el cliente no negocia de forma individual y que se incorporan a contratos complejos. Por ello, es frecuente que muchas personas no sean plenamente conscientes de su alcance hasta años después de haber firmado.
En el ámbito hipotecario, uno de los ejemplos más conocidos es la cláusula suelo. Limita la bajada del tipo de interés variable por debajo de un determinado porcentaje, de manera que el cliente no se beneficia completamente de determinadas reducciones del índice de referencia. Otro ejemplo son los intereses de demora muy elevados, que pueden ser considerados desproporcionados. También se analizan con frecuencia las cláusulas que trasladan al cliente la totalidad de los gastos de constitución de la hipoteca o las que permiten a la entidad dar por vencido todo el préstamo ante determinados incumplimientos.
Para saber si un contrato puede contener cláusulas discutibles, conviene revisar varios documentos. Resultan especialmente relevantes la escritura de préstamo hipotecario, los recibos de pago, la oferta vinculante que pueda haber entregado el banco y cualquier anexo con condiciones especiales. En muchas ocasiones, la persona afectada no conserva todos estos papeles o no sabe identificar dónde aparecen los términos técnicos; en ese punto, el apoyo profesional por parte de un despacho de abogados puede resultar muy útil.
En un primer análisis, suele realizarse una consulta en la que se revisa la documentación disponible y se estudian las circunstancias concretas de cada caso. No existen dos situaciones exactamente iguales: el año de firma del contrato, las novaciones posteriores, los acuerdos alcanzados con la entidad o incluso la situación personal y económica del cliente pueden influir en la estrategia a seguir. Un equipo jurídico con experiencia en derecho civil, mercantil y bancario puede estudiar el contenido de las cláusulas y orientar sobre las posibles vías de actuación.
Un aspecto importante es el trato previo con la entidad bancaria. En ocasiones, antes de acudir a la vía judicial, se presenta una reclamación ante el servicio de atención al cliente del banco, adjuntando la documentación y exponiendo de forma razonada por qué se considera abusiva una determinada condición. Este paso debe realizarse con orden y claridad, respetando los plazos y la forma exigida, ya que muchas veces será la base sobre la que se valore posteriormente el caso.
También conviene conocer los límites de la información general que se encuentra en internet. Aunque es posible leer sentencias o noticias sobre casos parecidos, la aplicabilidad concreta a un contrato determinado requiere un análisis técnico. Fechas de firma, modificaciones legislativas o matices en la redacción de la cláusula pueden cambiar por completo el enfoque. Por ello, el asesoramiento de profesionales del Derecho ayuda a aterrizar la situación real de cada persona en el contexto normativo y jurisprudencial aplicable en cada momento.
En el caso de empresas o personas trabajadoras por cuenta propia, la revisión de productos bancarios puede ser también relevante, especialmente cuando se han contratado líneas de crédito, pólizas, avales u otras figuras financieras asociadas a la actividad económica. La frontera entre consumo y actividad empresarial puede influir en el régimen jurídico aplicable, por lo que es recomendable que tanto particulares como negocios soliciten un estudio detallado antes de dar por válido un determinado reparto de riesgos con la entidad financiera.
La organización de la documentación es otro punto clave. Es útil conservar la escritura completa, los cuadros de amortización, la correspondencia recibida del banco, los justificantes de comisiones y gastos, así como posibles acuerdos firmados con posterioridad para novar la hipoteca o modificar condiciones. Cuanto más ordenado esté todo, más ágil será el análisis y más fácil resultará reconstruir la historia del contrato.
Por último, hay que tener en cuenta que las reclamaciones relacionadas con cláusulas abusivas pueden implicar plazos, costes y trámites que conviene conocer de antemano. Antes de dar un paso u otro, resulta conveniente recibir una explicación clara de las opciones, de los escenarios posibles y de los riesgos que pueden surgir. Contar con un despacho de abogados que ofrezca asesoramiento jurídico integral tanto a particulares como a empresas, con rigor y trato cercano, contribuye a que la persona afectada tome decisiones informadas sobre la defensa de sus intereses frente a entidades bancarias y sobre la mejor forma de proteger su situación patrimonial.
